Plan Puebla-Panamá: análisis desde la óptica no gubernamental

El Foro de Transición a la Democracia de México convocado por el Centro de Estudios Norteamericanos de Política y Sociedad de la Universidad Carleton, reunió a personalidades que externaron sus opiniones sobre el impacto del Plan Puebla-Panamá en estas regiones.

Académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales de México y Canadá, coincidieron en que la carencia de una política exterior hacia Centroamérica, la militarización del sureste y la aplicación de una política migratoria racista y discriminatoria en la frontera sur, asociado a la falta de un programa agrícola, ambiental y político de consenso con grupos locales dentro del Plan Puebla-Panamá (PPP), amenazan su éxito.

Lejos de generar los beneficios que argumenta el gobierno de la república, se corre el riesgo de dividir profundamente a los grupos que se verán afectados, agravar las tensiones por los derechos indígenas y devastar la biodiversidad de una zona que actualmente sufre ya de sobreexplotación de recursos nacionales, advirtieron. John Foster, Director del Instituto Norte-Sur; Isabel Altamirano, investigadora en Ciencia Política de la Universidad de Alberta; María Atilano, dirigente de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y Alejandro Álvarez Béjar, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, opinaron que sí hay alternativas de desarrollo sustentable diferentes al PPP.

Al respecto, John Foster explicó que las propuestas realizadas por organizaciones no gubernamentales y comunitarias, están en seria desventaja a las empresas multinacionales (ideales para que inviertan en la región, según el modelo neoliberal) debido a su limitada solvencia económica.

Xóchitl Gálvez Ruiz, representante presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a la pregunta expresa sobre la polémica que ha generado el plan en el sentido de llevar una intención “entreguista para poner a disposición de E.U. los recursos del sureste”, descartó esta posibilidad y subrayó la intención legítima de Vicente Fox de promover el desarrollo; sin embargo reconoció que él no ha tomado en cuenta la opinión de los campesinos como el grupo más afectado de la región, y deberían formar parte para aportar elementos importantes en la protección de la biodiversidad y la explotación de los recursos naturales.

Con respecto a la política exterior de México con su frontera sur, Rafael Fernández de Castro, director del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y editor de la revista Foreign Affairs en español, criticó severamente la militarización de la frontera sur para impedir el ingreso de ilegales centroamericanos, política que en su opinión es más racista y discriminatoria que la de E.U. en la frontera norte.

La política exterior mexicana en la frontera sur impide el paso de ilegales centroamericanos.

Dentro del mismo esquema, Álvarez Béjar opinó que el PPP no es una estrategia de desarrollo para el sureste, porque carece de una política agrícola cuando ésta, es la principal actividad de la zona, la cual tampoco incluye una política ambiental de protección de la biodiversidad, pese a que se pretende explotar el café, maíz, arroz, frijol, energía, bosques, entre otros, que tiene efecto vital en el equilibrio natural de la zona.

Para las comunidades indígenas de la región, el hecho de que la actual Ley Indígena les niega el derecho sobre los recursos naturales, que son explotados por las multinacionales Bimbo y Pulsar, como Nestlé y CocaCola en la lista de espera, están generando también la explotación de mano de obra barata, la instalación de maquiladoras que generan contaminación a la atmósfera por contar con equipos obsoletos.

El PPP contempla la construcción de supercarreteras por las que pasen los productos del libre comercio de las multinacionales, opinó Isabel Altamirano y dijo que los comuneros y ejidatarios de la región, son acosados por empresarios holandeses y españolas que intentan instalar molinos de viento para explotar la energía eólica. El Plan Puebla-Panamá no contempla una política ambiental de protección a la biodiversidad.